empleo

En los últimos días, se han producido decenas de acalorados debates acerca de las posibles repercusiones del desbloqueo económico de Cuba, al permitir la importación y exportación desde y hacia Estados Unidos, beneficiando, especialmente, a sectores tan representativos para la economía insular como es el turístico. No obstante, al hilo de la noticia, consecuencia directa de las acciones que desde 2011 ha promovido el régimen de Raúl Castro, el análisis se ha politizado hasta resultar, en ocasiones, sorprendente. Y es que ya se escuchan voces que demandan que la república cubana continúe ampliando su apertura, algo para lo que le exigen una apuesta clara y contundente por nuevas fórmulas que permitan garantizar el cumplimiento de los derechos básicos y fundamentales de la ciudadanía.

La proclama tendría cabida, si no fuese lanzada en un alarde de suficiencia ejemplarizante. Resultaría jocoso de no ser por las consecuencias de los desmanes del capital y de su cruenta dictadura, que son reales. No hay que olvidar que, amparados tras la excusa de la crisis, los gobiernos de la Vieja Europa alientan el miedo y con él silencian las posibles voces discordantes con toda esa suerte de medidas absurdas con las que, quienes llevaron al autoerigido como Primer Mundo al caos, pretenden ahora coronarse como salvadores de patrias. Se sirven para ello de una vorágine devastadora, que ha dilapidado el estado del bienestar y que ha banalizado los derechos fundamentales hasta convertirlos en pasado.

Los países más desfavorecidos por la sinrazón económica siguen el dictado que les marcan quienes, durante años, vivieron de rentas. Pero estos últimos ya comienzan a mostrar sus grietas, tras las que el despropósito asoma hediondo, con sus pensiones ínfimas, que exigen que la ciudadanía se convierta en funámbula para subsistir. Desde allí, desde esa fatua tribuna, se recomiendan mermas salariales, para favorecer la creación de un empleo que, cada vez más precario, tan solo sirve para que el pobre compute como ocupado. Y, aunque acatar estos mandados en España es contrario a los derechos y deberes reflejados en la Carta Magna (en la que también figuran conceptos como la dignidad, aparejados, por ejemplo, al ámbito de la vivienda), no es de extrañar que acá los señores del capital hayan creído conveniente y legítimo arrinconar el artículo 33.3 de la Constitución, relativo a la propiedad, o el 51.1, que vela por los intereses de consumidor; o que los poderes públicos se hayan olvidado de que han de promover «condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa», al tiempo que han de desarrollar una «política orientada al pleno empleo», tal y como defiende el artículo 40.1.

Trabajo, vivienda, educación, salud… son solo algunos de los derechos de la ciudadanía que se han convertido en papel mojado; derechos que, posiblemente, serán rescatados a modo de limosna, de promesa o de logro sin parangón con los que comprar voluntades cuando se acerquen los comicios.

En este marco, en el que hasta el derecho al pataleo ha sido vapuleado (a través de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza) y en el que hasta la ONU subraya sombras, tertulianos, probablemente aquejados de presbicia, alzan su voz paternalista para reclamar libertad y democracia para otros.

Hay quien exige del pueblo humildad, humildad para agachar la cerviz y acatar los mandados de unos pocos que, gracias a la crisis, están engrosando su capital. Lo hacen amparados no solo por quienes dicen querer favorecer el empleo a través de la concesión de subvenciones y ayudas a quienes no las necesitan, dotándolas así de un cariz absurdo y desmesurado, sino también por una legislación laboral que contribuye al servilismo de la población activa y que ha sido diseñada para favorecer, exclusivamente, a un empresariado de elite.

La normativa vigente en poco o en nada favorece a las pequeñas y medianas empresas que, ahogadas en impuestos y burocracia, normalmente se ven abocadas al cierre, arrastrando en su debacle tanto a sus asalariados como al emprendedor que, lleno de esa ilusión que nos venden y que no es más que un espejismo, hipotecó su vida. Su ruina no se circunscribe, así, a la cuantía con la que respaldó la inversión inicial, sino que a ella ha de sumar deudas propias y ajenas. Pues, además, en el proceso, es usual tener que asumir que el sinfín de impagos, por los que ya se tributó, jamás se traducirán en ingresos. Impagos que, en ocasiones, provienen de aquellos clientes que aparentemente contaban con una mayor solvencia.

Por tanto, no es al autónomo al que se ha de exigir humildad, ya que la subsistencia de su proyecto no se ve comprometida por su tesón o por sus ganas de trabajar, sino por un sistema que abre la mano para acariciar a quien no necesita lisonjas y que aprovecha esa misma mano extendida para abofetear a quien trabaja para generar su propio empleo y para crear otros nuevos. Un sistema risible, que se defiende con violencia, en lugar de contestar a golpes de luchas y hechos en pro del pueblo que lo sustenta, pese a que pasa hambre. Un sistema ciego ante la pobreza creciente, que culpa al individuo de haber vivido por encima de sus posibilidades, pero que es generoso con entidades proclives al despilfarro. Un sistema que rescata bancos, sin exigirles unas contrapartidas mínimas, como el restaurar el sistema crediticio, de una forma seria, responsable y sostenible, a fin de impulsar la senda del crecimiento en la que, si aspira a un futuro, debiera querer situarse.

No obstante, el capital insiste en exigir humildad a quienes prácticamente tienen que pagar por trabajar y tienen, además, que comulgar con una serie de condiciones que alejan a este país del presente, situándolo en épocas pretéritas en las que la mano de obra, incluida la cualificada, era prácticamente mendicante.

La humildad, insisto, no ha de venir del pueblo. La humildad ha de venir de aquellos que tildan de privilegios los derechos fundamentales del ser humano. De aquellos que, con soberbia, se autoproclaman salvadores de la patria y que, una y otra vez, nos demuestran su incapacidad para devolver unos mínimos de dignidad a aquellos que, durante años, han posibilitado, con sus impuestos, que unos pocos se llenasen los bolsillos. Y que lo hiciesen incluso desde el beneplácito. No necesitaban siquiera valerse de las innumerables triquiñuelas cuya legalidad está en entredicho y que ha de resolverse en unos tribunales saturados de imputaciones ligadas a la usura. No era preciso. No. Solo necesitaban un acuerdo plenario, una mayoría que no había de ser siquiera absoluta, para aprobar sueldos petulantes que servían para alejar aun más al presunto servidor del pueblo de la realidad salarial de quienes, en las urnas, los encumbraron en sus ganas de medrar. Esos votantes que, ahora mismo, malviven, merced al despropósito de una gestión nefasta. Una gestión heredada y perpetuada.

Y, por si fuese insuficiente, hay quienes se atreven a sumarse a este circo de vanidades. Entre las frases hilarantes, destacan las de los representantes de la patronal. No obstante, ninguno parece darse cuenta de que el pueblo no está de humor. La culpa, en todo caso, seguramente no sea suya. Tal vez la responsabilidad habría de asumirla su cátedra, dado que hay sillones presidenciales que alejan a quienes los ocupan de la sociedad y, evidentemente, desde ese aislamiento resulta muy difícil apreciar la existencia de necesidades básicas por parte del populacho, de cuya voz, en la atalaya del poder, no se escucha ni el eco. Así, pues, no habrá de considerarse una insidia que haya quien asegure que un millón de amos y amas de casa se han apuntado al paro para cobrar algún subsidio. Su desconocimiento es coyuntural y se debe, básicamente, a la impermeabilidad de esa burbuja en la que vive la clase pudiente y que tanto la aleja de la realidad.

En cualquier caso, para poder hacer análisis sensatos y aportar soluciones reales, es menester romper el cascarón, para tocar por fin el suelo y tomarle el pulso a la calle. Allí, los gurús de la economía podrían comprobar, por ejemplo, que los salarios que se ofrecen a los de a pie, muchos de ellos individuos sobradamente cualificados, son, en ocasiones, notablemente inferiores a los que percibirían en el caso de recibir un subsidio de desempleo y que, por tanto, aceptar sueldos irrisorios no solo es inviable cuando se tienen cargas familiares, sino que, además, repercute negativamente sobre todo el sector en el se claudica. Por tanto, aunque sí haya quienes opten por la supervivencia, decir no es un ejercicio de responsabilidad y de conciencia social.

Pero ofrecer miseria, también perjudica al capital, al limitar la capacidad del empresariado para seleccionar los perfiles que mejor encajan con sus necesidades; y esto, finalmente, devendrá en el fracaso de proyectos que, de actuar con cabeza en lugar de dejarse comandar por la avaricia, tendrían un gran futuro.

A nadie debiera escapársele que, para poder competir, es preciso marcar la diferencia y esta radica, precisamente, en los recursos humanos al servicio de la creatividad, de ejercer de embajadores y de escuchar al consumidor, para hallar la mejor solución a sus necesidades. Por tanto, ante la imposibilidad de poder compensar con un salario y con unas condiciones dignas al empleado, la recomendación más plausible es la de buscar un mecenas, apostar por una asociación o negociar un crédito. Si ninguna de estas vías es factible, probablemente la propuesta carezca de la brillantez que se le presuponía o el modo de exponerla no ha sido el correcto. En este punto, la mejor opción es desecharla, modificarla o iniciarla a menor escala, apostando, en este último caso, por un ajuste real de los recursos al proyecto empresarial.

Para ello, insisto, es preciso humildad, pues solo la renuncia a la propia vanidad permitirá al empresario comprender que es precisamente el afán desmedido de lucro el que le llevará irremediablemente al fracaso. Solo la humildad, esa que gobernantes y capital le exigen al pueblo, le permitirá comprender que un análisis riguroso y responsable es el único que le permitirá solventar fallos y adquirir un compromiso con sus empleados que, a fin de cuentas, son sus principales y sus mejores activos.

La humildad, por tanto, no compete a quien pugna por los derechos de todos, sino a quienes debieran encabezar esta lucha por el bienestar social y por la dignidad. Debiera, pues, exigírsele a quienes, con su gestión de mínimos y sus manejos alegales, condenan y se condenan a la mediocridad y, finalmente, al fracaso.