El potencial de la mentira

Es increíble la incapacidad de sonrojo que caracteriza a ciertos individuos, que, con denuedo, ensartan una tras otra afirmaciones carentes de fundamento y con las que perlan una soga miserable. Su propósito, dejar sin fuelle a quienes encabezan a aquellos que, por fin, han abierto el entendimiento y ya no comulgan con ruedas de molino.

La artimaña es harto conocida y, dada su antigüedad, exhibe un currículum fulgurante, plagado de una indecente cantidad de éxitos, en los que el miedo, infundido a través de fantasmas, supercherías y patrañas, brindó a quienes se valieron de ella un respaldo inaudito.

La tarea exige una imaginación morbosa, que sirve de cauce para tejer una historia que, aunque plagada de barbaridades, cobre verosimilitud y resulte, de este modo, creíble. Cosechada la duda, solo hay que esperar a que esta dé su fruto, regándola, de cuando en cuando con nuevos infundios, a fin de garantizar el éxito y evitar desórdenes.

La otra clave es contar con un auditorio que confunda la sana curiosidad con el hambriento afán de cotilleo. De este modo, ávido de truculencias, el individuo, incapaz de apostar por su propia formación continua y de contrastar la información que le llega, da pábulo a las habladurías, otorgándoles, en ocasiones, un cariz aun más retorcido que el que exhibía la historia primigenia. A partir de ahí, resulta fácil suprimir cualquier matiz entre el blanco y el negro. Y, si bien es cierto que quien urde la historia no siempre es endiosado, quien protagoniza la falacia usualmente acaba por ser demonizado, perdiendo incluso en el camino a sus acólitos más mediocres: aquellos que suman al objetivo genuino toda suerte de propósitos egoístas que, de hacerse públicos, pondrían en entredicho su nobleza.

Esta martingala es usada por quienes creen en la hegemonía piramidal como único sistema válido de gestión, cuya estructura se sustenta en una base fácilmente manipulable. De ahí que, tras ver la insurgencia naciente en la calle a causa de los desmanes de la usura y de la sinrazón del capital, haya voces que, con flagrante desfachatez, apunten que es necesario establecer cauces que releguen la educación a un segundo plano, convirtiéndola en una opción solo al alcance de las clases más pudientes. Con esta actitud, se minimiza la capacidad de avance social de la ciudadanía y del individuo, regodeado en su oscuridad; y se garantiza el encumbramiento de unos pocos elegidos, siendo el corte su capacidad económica, en lugar de su potencial intelectual.

Parapetada tras un muro forjado por patrañas y naderías, se perpetúa así la servidumbre de la masa como única herramienta para resguardarla de aquello con lo que la asustan y que, normalmente, no es más que la luz al otro lado de la caverna. Una luz hecha de derechos y libertades. Una luz que, sin duda, brilla demasiado para quienes solo sueñan dormidos.

Los peligros de la desidia

Si bien es cierto que es perfectamente legítimo elegir no ejercer un derecho, la situación actual nos exige ser cautos y plenamente conscientes de qué supondrá nuestra decisión. Solo a partir de ahí, la omisión sería perfectamente entendible y, dadas las implicaciones que conllevaría, habría de ser objeto de análisis por cuantos dicen pugnar por representar a la ciudadanía en aras del crecimiento y de un mayor bienestar social. Sin embargo, esta medida es hoy en día infructuosa, dado que no lleva aparejadas consecuencias reales sobre unos resultados que, a fin de cuentas, determinarán el devenir social.

En todo caso, esta omisión del derecho a participar en la que otrora se cualificaba, sin un atisbo de duda, como una ilusionante fiesta de la democracia, y que hoy en día para muchos, pese a su cariz trágico, no es más que un corral de comedias, se convierte en un problema cuando está ligada a la desidia, cuyo vasto manto lo envuelve y lo esconde todo. Una dejadez que, si bien es cierto que está ligada al desencanto del electorado, se torna agria al transformarse en la queja vehemente y perenne que todos hemos escuchado y que culpa de unos resultados que no le agradan a quienes sí ejercieron sus derechos desde la libertad, esa que tanto costó conquistar.

La abstención derivada de la previsión de unas expectativas quebrantadas es legítima, siempre y cuando parta de la reflexión y especialmente cuando es activa, a través del voto nulo o del voto en blanco, pues estas últimas opciones sí implican un alzamiento que muestra un inconformismo real, a través del que se puede empezar a gestar el cambio y que es reflejo de la indignación de la calle.

Sin embargo, el principal cauce, el más efectivo para combatir la elección que consideramos equivocada, sigue siendo el voto, ajustándolo, en la medida de lo posible, a nuestras expectativas y necesidades. Capacitar a otros para tomar nuestras decisiones es absurdo, dado que, de hacerlo, un porcentaje mínimo del electorado será suficiente para entregar nuestra confianza a quienes consideramos que no la merece.

La decisión es libre, sí. Pero a nadie debieran escapársele el sudor, la sangre y las lágrimas que hay tras cada logro social. Tampoco que el sufragio universal fue uno de ellos, ni que optar por la renuncia a ejercerlo puede llevar aparejadas consecuencias nefastas. No en vano, resulta sospechoso el afán que algunos tienen por mover a su electorado y por alentar, al mismo tiempo, la apatía de quienes barajan posiciones contrarias a las que los primeros defienden.

No podemos olvidar que uno a uno, y excusándose en la crisis, nos están arrebatando nuestros derechos. A veces, de un modo sibilino; otras, a cara descubierta. Pero, en ocasiones, somos incluso nosotros mismos quienes los regalamos, como si fueran desechables. Permitir con nuestra actitud los ultrajes, es darle el brazo a quien nos ha pedido la mano; y renunciar a nuestros derechos, en un momento tan delicado como el que nos ahoga, es dejarnos a merced de quien aboga por condenarnos.

Abandono de un pleno

Ningún representante público debería abandonar impunemente su escaño durante un pleno. Tampoco en el transcurso de cualquier otra sesión en la que los temas a debatir atañan a quienes en él depositaron su confianza. Hacerlo pone en entredicho su compromiso con sus funciones y también su respeto al pueblo y, más concretamente, a sus votantes. Por tanto, salvo causa de fuerza mayor, el que ocupa un escaño ha de permanecer en su puesto, en lugar de intentar justificar su irresponsabilidad arguyendo que, desde la presidencia de la sesión, se alienta al público al insulto y que no está dispuesto a soportarlo.

Ni un pleno ni cualquier otro foro, es adecuado para proferir agravios, cierto. Pero, para garantizar el respeto a la ciudadanía, este tipo de conductas están tipificadas en la Constitución (artículo 24.4), donde limita la libertad de expresión, haciendo prevalecer el derecho al honor, intimidad y propia imagen; y en el Código Penal, en el que se distinguen cada uno de esos términos y en el que se regulan los delitos aparejados a los mismos, atendiendo a distintos criterios de clasificación.

Teniendo en cuenta cada uno de los aspectos referidos en dicha normativa y también los supuestos especiales, aquel que considere que su derecho al honor, intimidad y propia imagen está en entredicho, ha de presentar la denuncia pertinente ante el órgano correspondiente. Esa es la actitud, y no el abandono de una sesión plenaria. Esto último obedece más bien a un infantil pataleo, que, sin embargo, sí cobraría seriedad si la acción se ciñese a dejar el escaño para ocupar otro lugar en la sala, desde el que pudiese seguir la sesión como espectador. De este modo, no se pondría en evidencia, sino que evidenciaría la falta de respeto de la presidencia a la hora de permitirle ejercer su labor.

Aunque el abandono de la sala no es habitual, lo cierto es que sí sucede, tal y como pudimos comprobar recientemente. Una acción de este tipo asombró e indignó al país el pasado 15 de mayo cuando, salvo una, los concejales del PP de Toledo, se levantaron de su asiento. El revuelo no tuvo que ver con el hecho de que el grupo, en la oposición, abandonase el pleno, algo que, en sí mismo, es criticable. La polémica surgió a raíz de que los ediles dejasen el salón en el momento en el que tomó la palabra la portavoz de un colectivo de niños enfermos de cáncer, que había logrado que se le permitiese exponer ante la corporación las cuitas y preocupaciones de la agrupación y las medidas que considera imprescindibles.

Dejar el escaño y la sala en ese momento supuso, además de una falta de respeto a la corporación y a los votantes, un desplante hacia un colectivo que paradógicamente, de este modo, sí logró una mayor visibilización de su problemática.

La actitud de la mayor parte de los representantes del grupo fue, en cualquier caso y al margen de la conmoción suscitada, reprobable, pues mostró el desinterés absoluto de estos ediles por cumplir con las funciones que les fueron encomendadas. Si carecen de empuje para desarrollar su labor, el partido que los acogió en sus listas debería retirarles su confianza, depurando responsabilidades, aplicando amonestaciones e incluso, aunque eso supusiese una pérdida de peso en la corporación, instándoles a la dimisión, dado que no afrontan con seriedad su cometido.