La democracia, una ilusión

En los últimos días, se han producido decenas de acalorados debates acerca de las posibles repercusiones del desbloqueo económico de Cuba, al permitir la importación y exportación desde y hacia Estados Unidos, beneficiando, especialmente, a sectores tan representativos para la economía insular como es el turístico. No obstante, al hilo de la noticia, consecuencia directa de las acciones que desde 2011 ha promovido el régimen de Raúl Castro, el análisis se ha politizado hasta resultar, en ocasiones, sorprendente. Y es que ya se escuchan voces que demandan que la república cubana continúe ampliando su apertura, algo para lo que le exigen una apuesta clara y contundente por nuevas fórmulas que permitan garantizar el cumplimiento de los derechos básicos y fundamentales de la ciudadanía.

La proclama tendría cabida, si no fuese lanzada en un alarde de suficiencia ejemplarizante. Resultaría jocoso de no ser por las consecuencias de los desmanes del capital y de su cruenta dictadura, que son reales. No hay que olvidar que, amparados tras la excusa de la crisis, los gobiernos de la Vieja Europa alientan el miedo y con él silencian las posibles voces discordantes con toda esa suerte de medidas absurdas con las que, quienes llevaron al autoerigido como Primer Mundo al caos, pretenden ahora coronarse como salvadores de patrias. Se sirven para ello de una vorágine devastadora, que ha dilapidado el estado del bienestar y que ha banalizado los derechos fundamentales hasta convertirlos en pasado.

Los países más desfavorecidos por la sinrazón económica siguen el dictado que les marcan quienes, durante años, vivieron de rentas. Pero estos últimos ya comienzan a mostrar sus grietas, tras las que el despropósito asoma hediondo, con sus pensiones ínfimas, que exigen que la ciudadanía se convierta en funámbula para subsistir. Desde allí, desde esa fatua tribuna, se recomiendan mermas salariales, para favorecer la creación de un empleo que, cada vez más precario, tan solo sirve para que el pobre compute como ocupado. Y, aunque acatar estos mandados en España es contrario a los derechos y deberes reflejados en la Carta Magna (en la que también figuran conceptos como la dignidad, aparejados, por ejemplo, al ámbito de la vivienda), no es de extrañar que acá los señores del capital hayan creído conveniente y legítimo arrinconar el artículo 33.3 de la Constitución, relativo a la propiedad, o el 51.1, que vela por los intereses de consumidor; o que los poderes públicos se hayan olvidado de que han de promover “condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa”, al tiempo que han de desarrollar una “política orientada al pleno empleo”, tal y como defiende el artículo 40.1.

Trabajo, vivienda, educación, salud… son solo algunos de los derechos de la ciudadanía que se han convertido en papel mojado; derechos que, posiblemente, serán rescatados a modo de limosna, de promesa o de logro sin parangón con los que comprar voluntades cuando se acerquen los comicios.

En este marco, en el que hasta el derecho al pataleo ha sido vapuleado (a través de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza) y en el que hasta la ONU subraya sombras, tertulianos, probablemente aquejados de presbicia, alzan su voz paternalista para reclamar libertad y democracia para otros.

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