Ciudadano ejemplar

El aforamiento del Rey Juan Carlos tiene un cierto halo absurdo, dado que a él debería presuponérsele la ejemplaridad. No en vano, fue hasta ahora el cabeza de la Familia Real Española, una familia que, a fin de cuentas, debiera ser referente en cuanto a actitud y comportamiento. De sobra es comentada la mesura del rey abdicado y de su cónyuge en las cuestiones más serias, su sencillez en el trato con la ciudadanía, su capacidad para contener el gesto o para expresar su humanidad mostrándose puntualmente frágiles en las cuestiones más luctuosas, su interés por las artes y la cultura, por el deporte, por la sanidad, por la educación y por el ser humano, y también, cómo no, son objeto de debate hasta en las cuestiones más frívolas como las referentes a la elegancia de su estilismo y su gestualidad, que pasa a un primer plano cuando de protocolo se habla. Todas estas virtudes, achacadas a Don Juan Carlos y a Doña Sofía, fueron transmitidas a la ahora reina consorte, una de las responsables de inculcar dichos valores a la infanta Leonor, heredera al trono de España, y a su hermana, la infanta Sofía.

Resulta, por tanto, extraño que cualquiera de los miembros de la Familia Real precise de instrumentos de dicho calibre, que garanticen que, en el caso de ser investigado, haya de ser procesado por el Tribunal Supremo. Cierto es que Don Juan Carlos pierde su inviolabilidad, pero esta también debiera ser innecesaria. De hecho, Don Felipe no solo hereda un trono, sino cuanto este comporta y la ejemplaridad, la honestidad, la responsabilidad y la lucha por el bienestar de la ciudadanía del país del que ha pasado a ser soberano, ajustándose al respeto a la legislación vigente y cimentándose en ella, debieran ser sus máximas.

En el caso del nuevo entronizado, renunciar a la inviolabilidad, optando a ser aforado, sería una determinación altamente apreciada por monárquicos e incluso por republicanos, dado que mostraría a la ciudadanía su absoluto compromiso con el respeto a la ley. Privarse del aforamiento sería, a su vez, un gesto de nobleza por parte de Don Juan Carlos, Doña Sofía, la Reina Letizia y la Princesa de Asturias, dado que solo se puede prescindir de disfrutar de este privilegio, que deberá ser refrendado por el Senado, desde la convicción y desde el respeto a cuanto conlleva la legislación vigente. Y esta seguridad se le presupone a una familia que debe ser un paradigma para el grueso de la población estatal.

No obstante, el aforamiento de los reyes abdicados, de la Reina consorte y de la infanta Leonor, que solo podrán ser juzgados por la sala Civil o Penal del Tribunal Supremo, ha sido aprobado en el Congreso un día después de que se conociese que Cristina de Borbón, hermana de Felipe VI, sigue imputada por presunto blanqueo y fraude fiscal, tal y como ha precisado el juez Castro, instructor del caso Nóos, al dar por finalizada ayer (el pasado pasado 25 de junio) una investigación que se prolongó durante cuatro años.

Huelga de basura en Lugo

“Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”. Esto es lo que reza nuestra Carta Magna en su artículo 28,2. Resulta, por tanto, hilarante el hecho de que los trabajadores que están secundando la de basura en Lugo pretendan denunciar al Ayuntamiento por la contratación de otra empresa para prestar unos servicios de recogida mínimos y más aun cuando se ha decretado una alerta sanitaria.

Los huelguistas consideran que esta no existe. Sin embargo, por más que se empeñen, no son quienes de realizar dicha apreciación. De hecho, ni siquiera le corresponde hacerlo a los gerifaltes de hospitales y centros médicos, o a los representantes del colegio de galenos, dado que, consultando nuevamente la Constitución española, nos encontramos con el artículo 43,2 en el que se especifica que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”. Intentar, por tanto, limitar el acceso de refuerzos que ayuden a minimizar los riesgos implicaría atentar contra los derechos fundamentales de la ciudadanía que, a fin de cuentas, es la única rehén de este pulso. Es a ella a la que le peligra la salud y es ella la que soporta el hedor que, merced a las altas temperaturas registradas durante la primera semana de huelga, inunda las calles de una ciudad en la que incluso, en determinadas zonas, resulta difícil el paso. Además, la inutilización de los contenedores, que han visto hace días sobrepasada su capacidad, facilita la acción de pequeños mamíferos, que buscan comida en la basura esparciendo así la putrefacción. Y esto, a fin de cuentas, conforma el perfecto caldo de cultivo para alimentar problemas para la salud pública.

Estos se agravaron a tenor de las fechas elegidas para iniciar la protesta, dado que, si bien los lucenses intentaron en un primer momento paliar su impacto acumulando desperdicios en sus propios domicilios y limpiando envases antes de desecharlos, la ciudad vivió este fin de semana una de sus fiestas más multitudinarias, con lo que esto conlleva. Pero la repercusión no tuvo que ver exclusivamente con las toneladas de basura generadas, el mal olor o la insalubridad, sino también con la imagen de ciudad ofrecida a las miles de personas que se acercaron a disfrutar de una celebración que, gracias al esfuerzo de los lucenses, logró ser declarada de interés turístico. Los lugareños llevan años cuidando cada detalle, desde su caracterización, hasta la participación activa en el festejo, ya sea a través de eventos teatralizados o de otros improvisados. Hacer coincidir la huelga de basura con esta cita no fue una medida de presión, sino que significó una agresión a los habitantes de Lugo y a sus sectores productivos. El más perjudicado, el turístico, dado que perdió la oportunidad de mostrar el encanto de una ciudad con potencial para resultar atractiva en cualquier época del año, algo que redundaría también de forma positiva sobre otros sectores. La huelga se traduce, por tanto, en pérdidas a corto y medio plazo, algo inaceptable en un momento en el que la situación económica exige favorecer cualquier actividad que suponga ingresos y sirva para generar empleo.

Así, aunque son legítimas las peticiones de mejora laboral de los empleados de Urbaser, no lo son los modos. No lo es el condenar a una ciudad a convivir puntualmente con la mugre. No es asumible el tener que sufrir las consecuencias de una lucha en cuya resolución los de a pie carecen de voz y voto. Y a nadie beneficia consentir mientras se pone en riesgo la salud pública. Hacerlo no implica, en ningún caso, un apoyo a la dignidad, por mucho que haya quienes se empeñen en esgrimir dicho argumento como única vía de solidaridad.

La consulta y el miedo

Pese a que muchos critican el inmovilismo del pueblo español, lo cierto es que, en los últimos años, miles de personas han abarrotado las calles para evidenciar su disconformidad con la actual situación socioeconómica y para exigir, de forma pacientemente pacífica, cambios a partir de los cuales comenzar a construir una sociedad mejor, una en la que imperen valores encaminados a garantizar que cada ciudadano pueda esquivar el hambre y el miedo, y pueda también disfrutar de esos derechos fundamentales que tanto costó plasmar en papel.

La queja recorre callejuelas, bulevares, plazas públicas. Y el grito se concreta en foros, en los que el lamento yermo se transforma, para ceder espacio a un debate del que se alimenta la creatividad. A partir de este, se buscan posibles soluciones, al tiempo que, de forma consensuada, se idean iniciativas con las que frenar los desmanes del capital y con las que volver a impulsar todo cuanto, bajo la excusa de la crisis, nos han arrebatado impunemente. El inconformismo se adueña progresivamente de cada rincón de lo físico y de lo virtual y, ya sea desde la acción o desde la abstención, se manifiesta en urnas y en hechos.

Son, en todo caso, pequeños grandes pasos, a fin de evitar el titubeo y, así, afianzar el recorrido hacia un nuevo bienestar, construido sobre la base de la solidaridad, el bien común y la igualdad. Pero la indignación ante el despropósito de políticas antisociales, que vilmente se silencia, es la que ha llevado a que las manifestaciones y concentraciones se volviesen la semana pasada multitudinarias. Y es que, en un gesto, miles de personas vieron la llave para activar un resorte que supondrá, creen, la clave para lograr un cambio real. Se trata de la abdicación del monarca, una decisión que sirvió de acicate a la ambición de una sociedad hastiada y que, ante la nueva situación, se muestra ilusionada y confía en la posibilidad de un cambio.

A la calle y a sus demandas, como no podría ser de otro modo, se une la izquierda, la real. Pero esta llama a la cautela y pide, simplemente, la consulta al pueblo, a fin de que sea este el que, a través de un mecanismo propio de esta democracia, elija el modelo de Estado que prefiere. No obstante, en lugar de optar por el ansiado referéndum, el Gobierno se ha apresurado a fechar la proclamación del Príncipe Felipe como nuevo Rey de España.

La decisión, pese a llevar meses gestándose, huele a aprieto e invita a la desconfianza, dado que implica ignorar a quienes claman por poder elegir. Esta actitud solo tiene una lectura: es una falta de respeto (una más) a la ciudadanía, que solo cuenta como voto computable y a la que solo se le consiente decidir cada cuatrienio en las urnas, atendiendo, eso sí, a una legislación que prima a los votantes de dos fuerzas sobre los de cualquier otra. Esta decisión corrompida por un sistema que muchos califican de injusto, se ensucia también con el engaño teatralizado a través del que se exhibe un programa utópico que, usualmente, en cuanto concluye el recuento, se convierte en papel mojado.

En todo caso, la aparentemente precipitada decisión gubernamental desprende también otro olor, el de la torpeza; y es que, pese al bullicio de la calle, un triunfo en referéndum del actual sistema es más que probable. La consulta sería, pues, contundente al golpear a esa izquierda y sus pretensiones, y al posibilitar que la monarquía saliese reforzada.

Sin embargo, parece ser que el miedo, la soga con la que pretenden atormentar a la sociedad, se contagia y, finalmente, es este el que marca el dictado. Y a su son, los que carecen de vergüenza, abren el baile.