El aforamiento del Rey Juan Carlos tiene un cierto halo absurdo, dado que a él debería presuponérsele la ejemplaridad. No en vano, fue hasta ahora el cabeza de la Familia Real Española, una familia que, a fin de cuentas, debiera ser referente en cuanto a actitud y comportamiento. De sobra es comentada la mesura del rey abdicado y de su cónyuge en las cuestiones más serias, su sencillez en el trato con la ciudadanía, su capacidad para contener el gesto o para expresar su humanidad mostrándose puntualmente frágiles en las cuestiones más luctuosas, su interés por las artes y la cultura, por el deporte, por la sanidad, por la educación y por el ser humano, y también, cómo no, son objeto de debate hasta en las cuestiones más frívolas como las referentes a la elegancia de su estilismo y su gestualidad, que pasa a un primer plano cuando de protocolo se habla. Todas estas virtudes, achacadas a Don Juan Carlos y a Doña Sofía, fueron transmitidas a la ahora reina consorte, una de las responsables de inculcar dichos valores a la infanta Leonor, heredera al trono de España, y a su hermana, la infanta Sofía.
Resulta, por tanto, extraño que cualquiera de los miembros de la Familia Real precise de instrumentos de dicho calibre, que garanticen que, en el caso de ser investigado, haya de ser procesado por el Tribunal Supremo. Cierto es que Don Juan Carlos pierde su inviolabilidad, pero esta también debiera ser innecesaria. De hecho, Don Felipe no solo hereda un trono, sino cuanto este comporta y la ejemplaridad, la honestidad, la responsabilidad y la lucha por el bienestar de la ciudadanía del país del que ha pasado a ser soberano, ajustándose al respeto a la legislación vigente y cimentándose en ella, debieran ser sus máximas.
En el caso del nuevo entronizado, renunciar a la inviolabilidad, optando a ser aforado, sería una determinación altamente apreciada por monárquicos e incluso por republicanos, dado que mostraría a la ciudadanía su absoluto compromiso con el respeto a la ley. Privarse del aforamiento sería, a su vez, un gesto de nobleza por parte de Don Juan Carlos, Doña Sofía, la Reina Letizia y la Princesa de Asturias, dado que solo se puede prescindir de disfrutar de este privilegio, que deberá ser refrendado por el Senado, desde la convicción y desde el respeto a cuanto conlleva la legislación vigente. Y esta seguridad se le presupone a una familia que debe ser un paradigma para el grueso de la población estatal.
No obstante, el aforamiento de los reyes abdicados, de la Reina consorte y de la infanta Leonor, que solo podrán ser juzgados por la sala Civil o Penal del Tribunal Supremo, ha sido aprobado en el Congreso un día después de que se conociese que Cristina de Borbón, hermana de Felipe VI, sigue imputada por presunto blanqueo y fraude fiscal, tal y como ha precisado el juez Castro, instructor del caso Nóos, al dar por finalizada ayer (el pasado pasado 25 de junio) una investigación que se prolongó durante cuatro años.