Abandono de un pleno

Ningún representante público debería abandonar impunemente su escaño durante un pleno. Tampoco en el transcurso de cualquier otra sesión en la que los temas a debatir atañan a quienes en él depositaron su confianza. Hacerlo pone en entredicho su compromiso con sus funciones y también su respeto al pueblo y, más concretamente, a sus votantes. Por tanto, salvo causa de fuerza mayor, el que ocupa un escaño ha de permanecer en su puesto, en lugar de intentar justificar su irresponsabilidad arguyendo que, desde la presidencia de la sesión, se alienta al público al insulto y que no está dispuesto a soportarlo.

Ni un pleno ni cualquier otro foro, es adecuado para proferir agravios, cierto. Pero, para garantizar el respeto a la ciudadanía, este tipo de conductas están tipificadas en la Constitución (artículo 24.4), donde limita la libertad de expresión, haciendo prevalecer el derecho al honor, intimidad y propia imagen; y en el Código Penal, en el que se distinguen cada uno de esos términos y en el que se regulan los delitos aparejados a los mismos, atendiendo a distintos criterios de clasificación.

Teniendo en cuenta cada uno de los aspectos referidos en dicha normativa y también los supuestos especiales, aquel que considere que su derecho al honor, intimidad y propia imagen está en entredicho, ha de presentar la denuncia pertinente ante el órgano correspondiente. Esa es la actitud, y no el abandono de una sesión plenaria. Esto último obedece más bien a un infantil pataleo, que, sin embargo, sí cobraría seriedad si la acción se ciñese a dejar el escaño para ocupar otro lugar en la sala, desde el que pudiese seguir la sesión como espectador. De este modo, no se pondría en evidencia, sino que evidenciaría la falta de respeto de la presidencia a la hora de permitirle ejercer su labor.

Aunque el abandono de la sala no es habitual, lo cierto es que sí sucede, tal y como pudimos comprobar recientemente. Una acción de este tipo asombró e indignó al país el pasado 15 de mayo cuando, salvo una, los concejales del PP de Toledo, se levantaron de su asiento. El revuelo no tuvo que ver con el hecho de que el grupo, en la oposición, abandonase el pleno, algo que, en sí mismo, es criticable. La polémica surgió a raíz de que los ediles dejasen el salón en el momento en el que tomó la palabra la portavoz de un colectivo de niños enfermos de cáncer, que había logrado que se le permitiese exponer ante la corporación las cuitas y preocupaciones de la agrupación y las medidas que considera imprescindibles.

Dejar el escaño y la sala en ese momento supuso, además de una falta de respeto a la corporación y a los votantes, un desplante hacia un colectivo que paradógicamente, de este modo, sí logró una mayor visibilización de su problemática.

La actitud de la mayor parte de los representantes del grupo fue, en cualquier caso y al margen de la conmoción suscitada, reprobable, pues mostró el desinterés absoluto de estos ediles por cumplir con las funciones que les fueron encomendadas. Si carecen de empuje para desarrollar su labor, el partido que los acogió en sus listas debería retirarles su confianza, depurando responsabilidades, aplicando amonestaciones e incluso, aunque eso supusiese una pérdida de peso en la corporación, instándoles a la dimisión, dado que no afrontan con seriedad su cometido.

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